Con la actual situación de la vivienda muchas personas se plantean la posibilidad de construir primera o segunda vivienda en el entorno rural. Sin embargo, hay que tener en cuenta los factores diferenciales (fundamentalmente legales) de la construcción en suelo rústico.
La ley prohíbe construir viviendas en terrenos no urbanizables, por lo que construir en suelo rústico es complicado. Es obligatorio legalizar la vivienda en suelo rústico para evitar sanciones y multas. Examinamos las características clave de este proceso de legalización, las razones para hacerlo y cómo llevarlo a cabo.
Razones para legalizar una vivienda en suelo rústico
El suelo rústico no es considerado urbanizable, por lo que construir una vivienda allí no es legal. Según las leyes nacionales, la construcción de viviendas en suelos no autorizados es un delito que puede resultar en condenas penales, incluyendo multas y cárcel.
Consecuencias de tener una vivienda en suelo rústico no legalizada: Es posible que sea demolida debido a su ubicación no autorizada. No se puede vender o valorar el inmueble debido a su situación irregular. Puede haber dificultades para contratar servicios y suministros debido a la situación ilegal de la vivienda.
Qué pasos dar para legalizar la construcción sobre un suelo rústico
Existen una serie de pasos que se deben dar para tratar de obtener la legalización de una construcción sobre suelo rústico. Es importante tener en cuenta que se habla de nuevas construcciones, ya que, construcciones realizadas de manera ilegal o sin permiso, siguen otro tipo de trámites legales, que, como hemos visto, pueden concluir en su demolición.
Obtener la licencia correspondiente del ayuntamiento al que pertenece el suelo.
Presentar documentos arquitectónicos, planos, y un proyecto de solicitud de autorización legal para la vivienda. La decisión depende del informe técnico emitido por el ayuntamiento en base al proyecto presentado.
Si se aprueba la legalización, se sigue el mismo proceso que para cualquier otra construcción de vivienda en suelo urbano, incluyendo el pago de tasas. En algunos casos, pueden requerirse cláusulas adicionales dependiendo de la ubicación de la vivienda, como la distancia del núcleo urbano o de puntos de servicios municipales.
